Boletín de Negociaciones de la Tierra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servicio Informativo sobre Negociaciones Relacionadas con el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible

 

Formato PDF
Formato Texto
 Versión en inglés
Versión en francés


Publicado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIDS)

 

Vol. 9 No. 342
Jueves 2 de febrero de 2006

HECHOS DESTACADOS DE APB-4:

MIÉRCOLES 1° DE FEBRERO DE 2006

Los delegados de la cuarta reunión del Grupo Especial de Trabajo (GT), de Composición Abierta, sobre Acceso y Participación en los Beneficios (APB) de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) se reunieron en un Comité Plenario y trataron un texto del Presidente sobre un régimen internacional de APB. Además, un grupo informal se reunió por la tarde para discutir la participación de las comunidades indígenas y locales en las negociaciones de APB.

COMITÉ PLENARIO

RÉGIMEN INTERNACIONAL SOBRE APB: La Presidenta Margarita Clemente (España) solicitó comentarios acerca del texto del Presidente sobre un régimen internacional de APB, que contiene secciones sobre: objetivos, alcance, propiedad, acceso a los recursos genéticos, acceso al conocimiento tradicional, participación en los beneficios, certificado de origen y otras medidas. Etiopía --—hablando en nombre de ÁFRICA—, Venezuela —por el GRULAC— e India —por el Grupo de Países Megadiversos Afines (GPMA)— dieron la bienvenida al documento como un punto de partida para las negociaciones. El GRULAC destacó las medidas internacionales que complementan las legislaciones nacionales y la identificación del país de origen en las aplicaciones de los derechos de propiedad intelectual (DPI). El GPMA agregó la observancia de la legislación nacional y las medidas obligatorias de los usuarios. GRULAC, MONGOLIA, CHINA, NORUEGA y otros destacaron el equilibrio entre las medidas de los usuarios y los proveedores. MÉXICO puso énfasis en la certeza legal para los usuarios y proveedores de la diversidad biológica.

Muchos destacaron la importancia de la creación de capacidades y la observancia. Además, SUDÁFRICA hizo hincapié en la transferencia de tecnologías y KENIA en el acceso a la justicia; PERÚ y ECUADOR mencionaron el monitoreo; COSTA RICA, NIGERIA y ANTIGUA Y BARBUDA se refirieron a un mecanismo financiero. Y, por último, VENEZUELA destacó la necesidad de capacitación de las comunidades indígenas y locales para asegurar su efectiva participación. PERÚ, en tanto, dio prioridad a la observancia del consentimiento previo informado (CPI) y los términos mutuamente acordados (TMA), y —con MALAWI—, a un certificado de fuente/origen/procedencia legal.

ARGENTINA y COLOMBIA solicitaron que se fortalezcan los componentes de la participación en los beneficios en el proyecto. LIBERIA y UGANDA solicitaron más claridad en la estructura administrativa y el rol de las autoridades nacionales.

Al señalar que el texto del proyecto se dirige rápidamente hacia un régimen legalmente vinculante, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA y REPÚBLICA DE COREA expresaron su preocupación y propusieron discutir el alcance y la naturaleza del régimen y el análisis de las lagunas. NUEVA ZELANDA destacó que el régimen debe ser consistente con los regímenes nacionales de APB y las obligaciones internacionales existentes. MONGOLIA y la UE señalaron que el texto del Presidente no captura los resultados del análisis de las lagunas. Y la UE señaló que puede servir de base para la discusión, pero no para las negociaciones, en concordancia con el mandato de la CdP. SUIZA, con la oposición de COLOMBIA, señaló que debe concluirse el análisis de las lagunas para que se puedan establecer cuáles deberán ser los elementos del régimen. NORUEGA puso énfasis en la necesidad de vincular el régimen con los objetivos de la CDB sobre la conservación y el uso sostenible, y —con SUIZA— recordó que el régimen consistiría en varios instrumentos.

El FORO INDÍGENA INTERNACIONAL SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (FIIDB) señaló que el documento no reconoce los derechos de las comunidades indígenas y locales sobre las tierras, los territorios y los recursos. El TRATADO INTERNACIONAL SOBRE RECURSOS FITOGÉNETICOS PARA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA solicitó mecanismos formales para la cooperación, entre instituciones pertinentes, respecto del régimen de APB.

Por la tarde, la Presidente Clemente alentó a los delegados a mejorar el texto, sin comprometerse en las negociaciones formales. Los delegados debatieron acerca de si debían utilizar el texto del Presidente o fusionarlo con las opciones enviadas por APB-3. Finalmente procedieron con la consideración de los elementos propuestos en el texto del Presidente.

CHINA, AUSTRALIA y CANADÁ propusieron agregar una sección sobre “elementos potenciales” y borrar la referencia entre corchetes a un régimen “legalmente vinculante” en el título del documento. La UE destacó que el título no debe prejuzgar los resultados de las negociaciones.

Propiedad: COSTA RICA, CANADÁ, MÉXICO, MONGOLIA y la UE apoyaron la propuesta de SUIZA de borrar la sección sobre propiedad, mientras UGANDA, MALAWI, SANTA LUCÍA y LIBERIA solicitaron que se la retenga. EL SALVADOR sugirió mejorar el texto diseñado a partir de las Directrices de Bonn.

Accediendo a los recursos genéticos: MÉXICO, UGANDA, ECUADOR, COSTA RICA y COLOMBIA propusieron borrar toda la sección sobre acceso. CANADÁ destacó que sin el texto sobre acceso no habrá acuerdo sobre participación en los beneficios. BURKINA FASO propuso garantizar el acceso sin imponer restricciones que jueguen en contra de los objetivos de la CDB. NUEVA ZELANDA opuso una referencia al acceso no discriminatorio.

UGANDA puso énfasis en que el acceso debe estar sujeto al CPI del país de origen, en concordancia con los TMA y, con KENIA, en que las condiciones para la transferencia a los sucesivos usuarios sean determinadas por el país de origen. KENIA y MONGOLIA también propusieron que los países de origen deban requerir los TMA como condición para garantizar el CPI, en lugar de actuar a discreción al respecto.

SUIZA y AUSTRALIA propusieron centrarse en las medidas internacionales sobre acceso a los recursos genéticos, mientras que EL SALVADOR y MÉXICO solicitaron medidas internacionales para evitar el acceso ilegal. MALASI propuso referencias a “regular” antes que a “facilitar” el acceso. INDONESIA sugirió que la legislación nacional “requiere” y no “solicita” el CPI. La OMPI llamó la atención sobre su trabajo acerca del conocimiento tradicional. ÁFRICA señaló que el trabajo sobre el régimen internacional debe prevalecer sobre el trabajo realizado en otros foros.

Accediendo al conocimiento tradicional: CUBA, BRASIL, SUIZA, ECUADOR, VENEZUELA y ÁFRICA solicitaron que el título de la sección sea “Reconocimiento y protección del conocimiento tradicional”. AUSTRALIA se opuso a que se haga referencia a la protección del conocimiento tradicional, señalando que esto está más allá del mandato del GT. ÁFRICA, por su parte, señaló que el régimen necesita reflejar las provisiones del Artículo 8(j). CANADÁ, COLOMBIA e INDIA propusieron cambiar el título de la sección por “Conocimiento tradicional asociado con los recursos genéticos”.

CUBA, PERÚ y BRASIL solicitaron medidas adicionales que traten la protección del conocimiento tradicional a nivel internacional. BRASIL, con la oposición de CANADÁ, sugirió una referencia a la observancia del CPI de las comunidades indígenas y locales en concordancia con el Artículo 8(j) y sujeto a la legislaciones nacionales, y otra referencia a su derecho a la participación en los beneficios.

PERÚ y MALASIA, con la oposición de CANADÁ y AUSTRALIA, solicitaron referencias al establecimiento de sistemas sui generis, con COLOMBIA y el FIIDB señalando que estos sistemas debe ser tratados por el GT del Artículo 8(j).

BURKINA FASO, con el apoyo de INDIA, solicitó que todos los párrafos de la sección se refieran a los elementos del régimen internacional, antes que a la legislación nacional. NUEVA ZELANDA y CANADÁ solicitaron tiempo para una mayor consideración.

Participación en los beneficios: MÉXICO propuso que las condiciones para la participación en los beneficios sean estipuladas en la legislaci�n nacional o queden sujetas a las disposiciones de la participaci�n en los beneficios establecidas bajo el r�gimen internacional. BURKINA FASO prefiri� que el r�gimen internacional establezca las condiciones para la participaci�n en los beneficios. NUEVA ZELANDA sugiri� que las condiciones para la participaci�n en los beneficios incluyan que los TMA sean determinados en el contexto de los reg�menes de APB nacionales.

M�XICO propuso usar el certificado de origen legal como una medida para asegurar la observancia con el CPI y los TMA y, con el apoyo de COSTA RICA y UGANDA, destac� la necesidad de explorar obligaciones alternativas de participaci�n en los beneficios en ausencia de acuerdos de acceso espec�ficos.

COLOMBIA y KENIA se�alaron que los TMA deben estar siempre basados en el CPI y propusieron que el r�gimen internacional facilite el acceso a la investigaci�n y al desarrollo basado en los recursos gen�ticos y los derivados consecuencia de los usos comerciales y de otro tipo. BRASIL, por otro lado, solicit� medidas para asegurar la participaci�n en los beneficios de la investigaci�n y el desarrollo.

UGANDA, COTE D�IVOIRE, KENIA y ZAMBIA solicitaron un texto prescriptivo sobre los TMA. Tras expresar su preocupaci�n porque las comunidades ind�genas y locales estipulen los TMA con los usuarios, COTE D�IVOIRE y VENEZUELA �con la oposici�n de CANAD� y SANTA LUC�A� subrayaron la importancia del rol de control del Estado. El FIIDB expres� preocupaci�n sobre la aprobaci�n del Estado, se�alando que las comunidades ind�genas y locales tiene el derecho a rechazar el acceso. NUEVA ZELANDA propuso que las comunidades ind�genas y locales estipulen los TMA sujetos a la legislaci�n nacional. EL SALVADOR y la RED DE TRABAJO DEL TERCER MUNDO apoyaron, mientras AUSTRALIA, CANAD� y NUEVA ZELANDA se opusieron, que se haga referencia a los derivados y a los DPIs en el r�gimen internacional. NAMIBIA solicit� declarar que el recipiente de material gen�tico no debe aplicarse a la protecci�n de los DPI sin el CPI del pa�s proveedor.

Certificado de origen: BRASIL, MALASIA, COLOMBIA, INDIA, EGIPTO y M�XICO propusieron agregar referencias a: las obligaciones de acceso del pa�s de origen de los recursos gen�ticos y conocimiento tradicional asociado, y prueba de observancia con el CPI y las disposiciones de la participaci�n en los beneficios en las aplicaciones de los DPI y a la legislaci�n nacional que provee la revocaci�n de los DPI si el acceso es insuficiente. JAP�N, AUSTRALIA, la UE, NUEVA ZELANDA y SUIZA se opusieron, declarando que un requisito obligatorio de acceso entrar�a en conflicto con la legislaci�n internacional sobre DPI. AUSTRALIA destac� la necesidad de analizar las funciones y los roles de los diferentes tipos de certificados y con la UE, SUIZA, NORUEGA y CANAD� destac� que los requisitos de acceso deben ser tratados por la OMPI.

La UE y CANAD� reiteraron la necesidad de mayor investigaci�n sobre el costo y la viabilidad de la certificaci�n. NUEVA ZELANDA y CANAD� oponiendo referencias a los certificados. M�XICO inst� a aclarar los tipos de certificados de fuentes/origen/procedencia legal, se�alando que el acceso del conocimiento tradicional no debe ser un prerrequisito para su protecci�n. La Presidenta Clemente se�al� que un grupo de contacto se reunir� el jueves para discutir los aspectos t�cnicos de esta cuesti�n.

Otras medidas: M�XICO propuso mecanismos para facilitar la colaboraci�n entre las agencias de implementaci�n y, con UGANDA, medidas para asegurar que el uso de los recursos gen�ticos bajo la jurisdicci�n de las Partes se realice en observancia con la Convenci�n y los TMA. COLOMBIA apoy� las medidas de los usuarios para prevenir la malversaci�n y asegurar la observancia del CPI de las comunidades ind�genas y locales; al tratar con el conocimiento tradicional; y en los pa�ses de origen, al tratar con los recursos gen�ticos. CUBA destac� el monitoreo peri�dico como responsabilidad de los usuarios, la f�cil verificaci�n del certificado de procedencia legal, los mecanismos de intercambio de informaci�n, y las medidas de observancia vinculantes. PER� propuso sistemas de evaluaci�n y supervisi�n. NUEVA ZELANDA propuso incluir opciones alternativas para la observancia de los reg�menes nacionales de APB y AUSTRALIA propuso un elemento adicional sobre apoyo institucional.

Alcance: CANAD� se opuso a incluir una participaci�n equitativa en los beneficios y la transferencia de derivados y productos en el alcance. AUSTRALIA, en tanto, propuso limitar el alcance al mandato de la CDB y este GT.

EN LOS PASILLOS

A medio de camino de la APB-4, los delegados fueron sacudidos por el esfuerzo conjunto del GPMA para que se introduzcan referencias a los requisitos de revelaci�n obligatoria en las aplicaciones de DPI. Como estim� un delegado, tal maniobra podr�a llegar a ser hito crucial en la din�mica de esta reuni�n y el anuncio de nuevas sorpresas, en la medida en que algunos grupos de negociaci�n podr�an sentirse presionados a contraatacar. Un movimiento precipitado conducir�a, sin embargo, a reinsertar incontables opciones en el texto del Presidente- un resultado temido por muchos pero deseado �aparentemente� por unos pocos.

Despu�s de que se rebautizara al grupo de Amigos del Presidente como �grupo informal� sobre la participaci�n ind�gena, y mientras pasaba el tiempo sin que el Comit� autorizara comentarios de los observadores, algunos representantes ind�genas sintieron que hab�an sido �enviados a la cocina�, mientras que en �el comedor� las Partes discut�an su futuro.       
 

Este n�mero del Bolet�n de Negociaciones de la Tierra � <enb@iisd.org> fue escrito y editado por Soledad Aguilar, Xenya Cherny, Stefan Jungcurt, Elisa Morgera, y Elsa Tsioumani. Editor de Contenido Digital: Francis Dejon. Traducci�n al espa�ol: Socorro Estrada. Editora: Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. Director de Servicios de Informaci�n del IIDS: Langston James "Kimo" Goree VI <kimo@iisd.org>. El soporte financiero permanente del Bolet�n es brindado por el Gobierno de los Estados Unidos (a trav�s del Bureau de Oc�anos y Asuntos Ambientales y Cient�ficos Internacionales del Departamento de Estado), el Gobierno de Canad� (a trav�s de CIDA), la Agencia Suiza para el Medio Ambiente, los Bosques y el Paisaje (SAEFL), el Reino Unido de Gran Breta�a (a trav�s del Departamento para el Desarrollo Internacional - DFID), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, el Gobierno de Alemania (a trav�s de su Ministerio Federal de Medio Ambiente - BMU, y su Ministerio Federal de Cooperaci�n para el Desarrollo - BMZ), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pa�ses Bajos, y la Comisi�n Europea (DG-ENV). El soporte financiero general del Bolet�n durante el a�o 2006 es brindado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Gobierno de Australia, SWAN Internacional, el Ministerio de Medio Ambiente de Jap�n (a trav�s del Instituto para las Estrategias Ambientales Globales - IGES), y el Ministerio de Econom�a, Comercio e Industria de Jap�n (a trav�s del Instituto de Investigaci�n sobre Industria y Progreso Social Global - GISPRI). El financiamiento para la traducci�n al franc�s del Bolet�n es brindado por la Organizaci�n Internacional de la Francofon�a y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. La financiaci�n para la traducci�n al espa�ol del Bolet�n fue provista por el Ministerio de Medio Ambiente de Espa�a. Las opiniones expresadas en el Bolet�n de Negociaciones de la Tierra son de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista del IIDS o de sus auspiciantes. Extractos del Bolet�n de Negociaciones de la Tierra pueden ser utilizados en publicaciones no comerciales con la cita acad�mica correspondiente. Para obtener informaci�n acerca del Bolet�n de Negociaciones de la Tierra o solicitar su servicio informativo, contacte al Director de Servicios de Informaci�n del IIDS por correo electr�nico <kimo@iisd.org>, tel�fono: +1-646-536-7556 o en 212 East 47th St.#21F, New York, NY 10017 USA. El equipo de trabajo del Bolet�n de Negociaciones de la Tierra en APB-4 puede ser contactado por correo electr�nico en <elsa@iisd.org>.